En abril del año 1996, con 32 años de edad y 32 semanas de embarazo, asiste a control médico, lugar en el que es evaluada para ser sometida a una cesárea de emergencia, sin embargo, a las pocas horas del nacimiento del bebé, este fallece.

Tres meses después de perder a su hijo, recibe la confirmación de uno de sus peores miedos, fue sometida a un procedimiento de esterilización forzada, en el cual ligaron sus trompas sin su Conocimiento ni consentimiento, convirtiéndose en una de las más de 300.000 mujeres violentadas que se estima fueron esterilizadas contra su voluntad en Perú entre los años 1996 y 2000, a través del programa de planificación familiar conocido como Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica, como parte de una "política" contra la pobreza empleada durante el mandato del presidente Alberto Fujimori.

No obstante, su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones inicia en el año 1997. Y posteriormente, en 1998 asiste a Estados Unidos para denunciar ante el Congreso Norteamericano que el gobierno peruano utilizaba fondos de la USAID para la implementación del programa de esterilizaciones.

Finalmente, en el año 2021 inicia el juicio contra Alberto Fujimori y ex autoridades del Perú por el delito de esterilizaciones forzadas. Y luego de tres años, recibe una indemnización económica, convirtiéndose en la primera y la única mujer peruana en ser indemnizada después de haber sufrido una esterilización sin consentimiento.